Ocupación de espacio público: en 2017 el municipio desactivó un promedio de un caso cada 4 días
Se concretaron diversas intervenciones para despejar sectores apropiados irregularmente. En general producen contextos inseguros para el barrio y lo denuncian los propios vecinos.
Durante 2017 y en distintos operativos, el municipio concretó un promedio de una liberación de espacio público cada 4 días. Se trata de casos en los que personas invaden lugares de uso común para su provecho personal en contra del principio de libertad de circulación y permanencia en ese tipo de predios. Con el mismo sentido, se efectuaron múltiples acciones sobre la venta ambulante y la ocupación de veredas.
Desde el área de Control Urbano municipal se dispusieron unos 90 procedimientos para liberar espacios públicos tomados durante 2017. El secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Guillermo Turrín observó al respecto: “Podemos afirmar que cada 4 días en promedio, personal municipal permitió desactivar situaciones de ocupación e invasión a espacios que deben ser utilizados por el común de la población, es decir, plazas y parques, terrenos fiscales, intersecciones o veredas”. Según explicó, en la mayoría de los casos se procede a raíz de denuncias presentadas por vecinos y también por disposición judicial.
En general, las intervenciones ejecutadas obedecen a la instalación de casillas o construcciones precarias en zonas de uso común que, en principio, impiden al resto de los vecinos disponer de las mismas. Por otra parte, estas instalaciones suelen traer aparejada la imposibilidad de circular normalmente por los lugares o bien, promueven la permanencia de personas con conductas cuestionables que pueden alterar la convivencia urbana.
“El desarrollo de conductas distanciadas de las normas promueven contextos de inseguridad para quienes deciden vivir en armonía con la ley”, indicó Turrín y destacó en este sentido: “Nuestras acciones de liberación de terrenos tomados responden a la necesidad de generar entornos habitables para todos, donde primen las buenas costumbres, la solidaridad y sobre todo la libertad individual de disponer de la ciudad en su conjunto”, apuntó.
Luego, advirtió al respecto: “También intervenimos para preservar la seguridad de las personas que protagonizan estas acciones irregulares e ilegales”, explicó.
“Aguantadero” denunciado por vecinos
Una de estas situaciones, por caso, tuvo lugar en noviembre pasado cuando personal de Control y Convivencia Ciudadana tiró abajo una construcción precaria que los vecinos denunciaron que funcionaba como "aguantadero", en inmediaciones de Ayacucho entre 27 de Febrero y Gálvez. Según los habitantes de las inmediaciones, allí se juntaban personas que solían tomar alcohol, incluso mujeres aseguraron que les gritaban obscenidades al pasar. En consecuencia, se procedió a tirar abajo la casilla y de esta forma recuperar el espacio público para el barrio.
Procedimientos integrales
Los operativos que se desarrollan a fin de recuperar espacios invadidos requieren la participación de otras áreas municipales y de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe. En febrero pasado, a modo de ejemplo, se concretó un extenso procedimiento en Raúl Alfonsín al 2800, Sánchez Granel al 2900 y Ovidio Lagos al 140 bis a fin de concluir con situaciones de irregularidad en cuanto a la ocupación del espacio público. En el primer caso se trataba de una casilla en torno a la cual vecinos del lugar hicieron varias presentaciones para denunciar conflictos e incluso robos. Tras ordenarse el desalojo de la casilla se procedió al derrumbe de la construcción, quedando el predio libre para la circulación de todos.
En tanto, en Sánchez Granel al 2900 (distrito Norte) una especie de casilla era usada como carrito de comidas. Tras denuncias presentadas por vecinos, se constató la venta de alcohol. También se comprobó que rompieron parte de la vereda para ejecutar una conexión de agua, complicando el paso de peatones, y que mantenían una conexión clandestina al sistema eléctrico. Finalmente, en la última acción, se retiró un quiosco de diarios abandonado, sumando accesibilidad a la zona.
Costa central
En julio de este año tuvo lugar un procedimiento muy importante por su magnitud y la zona donde se ejecutó. Se trata del desmantelamiento de una construcción irregular asentada en la barranca de la costa central, entre las calles Italia y España. En esta ocasión, se desarmaron bancos, parrilleros y se devolvieron chapas pertenecientes al club de pesca lindante. Una semana antes se había llevado adelante la primera de las intervenciones, en la zona de Oroño y el río donde fueron desmanteladas tres casillas y se encontraron elementos pertenecientes a una obra pública y objetos cortantes además de una moto en estado de desguace.
Otras acciones para ganar espacio público
El secretario Guillermo Turrín también describió que en 2017 se concretaron intervenciones en venta ambulante, retiros de pasacalles y liberaciones de aceras o veredas. “La comercialización sin permiso implica una interrupción en la libre circulación peatonal y lo mismo sucede con el uso de la vereda para fines privados”, sostuvo.
Finalmente, consideró prioritario continuar y reforzar estas acciones en 2018. “Queremos contribuir a la construcción de una ciudad más accesible y ligada a las normas”, concluyó.